ONU, Agenda 21 / “cambio climático
Esta agresión se produce tras el robo de la oficina del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Pedro Sula, en la madrugada del 13 de julio de 2016, por parte de un individuo no identificado que sustrajo discos duros, ordenadores y cámaras fotográficas que contenían información y pruebas clave relacionadas con casos emblemáticos de corrupción y violaciones de derechos humanos, incluyendo información sobre el asesinato de Berta Cáceres.
La reiterada negligencia, impunidad y fracaso de las instituciones encargadas de impartir justicia para resolver este y otros casos de violencia contra los defensores del territorio y los recursos naturales, levanta fundadas sospechas sobre la protección y el encubrimiento que el gobierno de Honduras brinda a los grupos de poder económico acusados de atentar contra los activistas y sus comunidades.
El riesgo de impunidad por el asesinato de Berta Cáceres y otros defensores de los derechos humanos ha sido señalado en repetidas ocasiones por expertos independientes de la ONU, como el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, el Relator Especial sobre la tortura y el Relator Especial sobre los pueblos indígenas. Además, las recomendaciones específicas hechas al gobierno de Honduras han sido sistemáticamente ignoradas. Desde 2013, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha documentado 12 asesinatos de defensoras en los que prevalece la impunidad.2
Explicación de Augustin [BCB Trust – AugusTV! – Trump en Irlanda]
Es por ello que el 12 de noviembre de 2020, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución No. 23/2020 sobre la Regulación del Teletrabajo como modalidad especial de trabajo en el marco de la Constitución, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que el país es signatario, el Código de Trabajo, la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras normativas.
De esta manera el país inició el desarrollo del teletrabajo como una modalidad especial de trabajo que permite promover la generación de empleos, aumentar la productividad y competitividad de las empresas y contribuir a la inclusión de los sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación.
Teletrabajo, como modalidad especial de trabajo que se presta a distancia, parcial o totalmente, haciendo uso de herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Teletrabajador, persona que, bajo una relación de subordinación, presta sus servicios al empleador para el desarrollo de actividades laborales, mediante el uso de herramientas tecnológicas y medios digitales en un establecimiento distinto al local habitual del empleador.
Demian Caceres Alge – Arsenal social y más
Brad Hubbard (Licenciado en Ingeniería (Civil), Universidad de Manitoba) ha desarrollado una carrera de cuarenta años regulando el sector del petróleo y el gas de Alberta en la Junta de Conservación de Recursos Energéticos, la Junta de Energía y Servicios Públicos de Alberta y el Regulador de la Energía de Alberta (AER). Entre sus puestos más recientes figuran el de jefe de formación y desarrollo y el de asesor internacional principal en el programa de desarrollo del Centro Internacional de Excelencia Reguladora (ICORE) del AER. Las áreas de trabajo anteriores del Sr. Hubbard incluyen las operaciones de regulación; el análisis regulatorio y el desarrollo de políticas, requisitos y procesos; las audiencias y los tribunales administrativos; y la participación de las partes interesadas. Tiene una amplia experiencia en presentaciones sobre la reglamentación general de los hidrocarburos, los modelos de reglamentación de Alberta y Canadá, y otros temas técnicos para una amplia gama de audiencias. También desarrolló e impartió el curso de Gestión y Regulación de la Energía Canadiense en la Haskayne School of Business de la Universidad de Calgary, así como desarrolló e impartió talleres de varios días sobre el modelo de regulación energética de Alberta para reguladores extranjeros.
No hay impedimento legal para que el COMELEC permita el registro de votantes
María Cáceres, ex empleada de Seven Corners Inc. con sede en Carmel, está acusada de defraudar a la empresa mediante la presentación de reclamaciones falsas: es la tercera empleada que se enfrenta a este tipo de cargos en el plazo de dos años en casos penales distintos que alegan más de 3,5 millones de dólares de fraude contra la compañía de seguros de viaje.
Aunque los abogados de los tres se negaron a hacer comentarios o no respondieron a una consulta del IBJ, los expedientes judiciales sugieren que los casos no están relacionados, ya que ninguno de los tres exempleados aparece en las acusaciones contra los otros dos.
“Es muy raro que varios acusados sean imputados por delitos similares en la misma empresa si no forman parte del mismo fraude global”, dijo Doug Kouns, agente retirado del FBI y propietario y director general de la empresa de investigaciones Veracity IIR, con sede en Carmel.
Fundada en 1993 por Jim Krampen y Justin Tysdal, Seven Corners ofrece seguros de viaje tanto en Estados Unidos como en el extranjero, así como seguros médicos para quienes viajan fuera de su país. La empresa cuenta con 140 empleados.
