Normas de procedimiento penal prueba pericial
La relevancia forense se determina en función de si las pruebas digitales: vinculan o descartan una conexión entre el autor y el objetivo (por ejemplo, la víctima, el dispositivo digital, el sitio web, etc.) y/o la escena del crimen (el lugar donde se produjo el crimen o el ciberdelito); apoyan o refutan el testimonio del autor, la víctima y/o los testigos; identifican al autor o autores del ciberdelito; proporcionan pistas de investigación; proporcionan información sobre el método de operación (
El comportamiento característico es un patrón de actividad reconocible y distinguible (por ejemplo, técnicas, herramientas y apodos específicos) que puede atribuirse a una fuente, que proporciona algún tipo de beneficio psicológico o emocional (por ejemplo, gratificación y reconocimiento por parte de los compañeros) al ciberdelincuente (Casey, 2011).
En esta fase se evalúa la integridad de las pruebas digitales mediante el examen de los procedimientos y herramientas forenses digitales utilizados para obtener las pruebas, la competencia y las cualificaciones de los expertos forenses digitales que adquirieron, conservaron y analizaron las pruebas digitales (la competencia y las cualificaciones de los expertos varían según el país, véase Ciberdelincuencia
Qué es la prueba pericial
Vivimos en la era de la información, en la que los equipos electrónicos y los ordenadores se han adueñado prácticamente de nuestras vidas. La información almacenada o procesada en estos dispositivos se ha convertido en una importante fuente de pruebas en los litigios penales y civiles. La automatización de las empresas, las instituciones financieras y los registros gubernamentales está tan extendida que muchas transacciones cotidianas, como la compra de bienes, la retirada de efectivo de las cuentas bancarias e incluso la realización de ‘llamadas telefónicas, generan datos que se registran y almacenan automáticamente sin, o con muy poco, ‘ esfuerzo o intervención humana. Dichos datos pueden registrarse con fines probatorios específicos, o pueden adquirir fortuitamente un significado probatorio que no estaba previsto cuando se realizó el registro.
Por muy valiosa que sea, la información almacenada en estos dispositivos puede plantear una serie de problemas probatorios a los tribunales. Esto se debe, en gran medida, a que las normas sobre la prueba contenidas en la Ordenanza sobre la prueba1 se elaboraron mucho antes de la llegada de los equipos electrónicos y los ordenadores modernos, y esas normas no siempre se han adaptado a las pruebas procedentes de esos dispositivos modernos. Esto ha hecho necesaria la introducción de legislación con vistas a facilitar el uso adecuado de dichas pruebas. La Ley de Pruebas (Disposiciones Especiales) de 19952 se promulgó en Sri Lanka para establecer “la admisibilidad de las grabaciones audiovisuales y de la información contenida en las declaraciones producidas por los ordenadores en los procedimientos civiles y penales”.3 La Parte I de esta Ley trata de la admisibilidad de las grabaciones contemporáneas realizadas por el uso de medios electrónicos o mecánicos, y la Parte II trata de las pruebas informáticas. Las partes III y IV de la ley contienen, respectivamente, disposiciones generales y disposiciones que facilitan la interpretación.
La admisibilidad de la prueba pericial en los procesos penales en Inglaterra y Gales
Las pruebas digitales están en todas partes. En los últimos años hemos asistido a una explosión en el uso cotidiano de dispositivos digitales. Todo, desde los ordenadores o los portátiles hasta las tarjetas de memoria, los DVD, los navegadores por satélite y los sitios web en línea, puede contener pruebas digitales fundamentales. Además, los fragmentos de información borrados que se pueden localizar y reconstruir pueden ser la clave para evaluar las pruebas del caso. Nuestros peritos digitales son científicos forenses que utilizan técnicas especializadas para examinar de forma segura los medios y dispositivos de almacenamiento digital, al tiempo que mantienen las pruebas originales de acuerdo con las directrices de la ACPO, garantizando así que sus conclusiones sean adecuadas para su presentación en procedimientos penales, civiles o de otro tipo. A medida que el campo ha ido progresando, los antiguos términos de informática forense, ciberforense, recuperación de pruebas digitales y análisis forense de Internet se han asimilado en general bajo el epígrafe de informática forense.
Es fundamental distinguir entre la mera existencia de archivos o imágenes y las pruebas de evaluación que sirven para establecer de forma fiable su procedencia. Por ejemplo, evaluar el origen probable de dicho material y si las pruebas apoyan la afirmación de que el acusado buscaba deliberadamente el material acusado, o si se accedió a él de forma inadvertida. También es importante analizar las declaraciones de los testigos pertinentes para evaluar si son posibles explicaciones alternativas, como que otro usuario del ordenador sea responsable de la presencia del material. También se comenta si los programas maliciosos, como los virus o el acceso remoto al ordenador, son coherentes con las pruebas.
Jurisprudencia sobre la prueba pericial
En primer lugar, dado que las pruebas periciales (en particular las científicas) suelen ser técnicas y complejas, es comprensible que los jurados carezcan de la experiencia necesaria para poder evaluar la fiabilidad de dichas pruebas.
El 7 de abril de 2009 publicamos un documento de consulta en el que hacíamos una serie de propuestas provisionales para reformar la ley que regula la admisibilidad de las pruebas periciales en los procesos penales en Inglaterra y Gales.
En nuestro documento de consulta de 2009 coincidimos con la opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes de que debería formularse una prueba de fiabilidad para las pruebas periciales en colaboración con los jueces, los científicos y otros agentes clave del sistema de justicia penal.
Nuestra opinión provisional de que debería haber una nueva prueba de admisibilidad basada en la fiabilidad fue ampliamente apoyada (pero no universalmente) por nuestros numerosos consultados, entre los que se encontraban jueces, científicos y otros agentes clave del sistema de justicia penal.