Barcelona 0 | La reacción de RAC-1 a los goles de Vinicius y
Paul D. Gifford, Peter J. Siggins, Susan Duncan Lee, Deputy Attys. General, Jennifer A. Moss, George Williamson, Chief Asst. Atty. Gen., Daniel E. Lungren, CA Atty. Gen., San Francisco, CA, para T.K. Boyll.
Los demandantes representan a una clase de todos los presos que están, o estarán, encarcelados por el Departamento Correccional del Estado de California en la Prisión Estatal de Pelican Bay, que está situada en el remoto rincón noroeste de California, a siete millas al noreste de Crescent City y a 363 millas al norte de San Francisco. En virtud de la ley de derechos civiles 42 U.S.C. § 1983,[1] los demandantes impugnan la constitucionalidad de una amplia gama de condiciones y prácticas que afectan íntimamente a casi todas las facetas de su vida en prisión. Solicitan al Tribunal una reparación en forma de medidas cautelares y declarativas.
Los demandados, en su capacidad oficial, son el director de Pelican Bay, Charles Marshall, el subdirector jefe, Terry Peetz, el director médico, A.M. Astorga, y James Gómez, director del Departamento Correccional de California (“CDC”)[2] Niegan que ninguna de las alegaciones de los demandantes tenga fundamento y afirman que Pelican Bay funciona dentro de los límites constitucionales en cada una de las áreas mencionadas. Además, sostienen que Pelican Bay, y el SHU en particular, hace exactamente lo que se pretendía: aísla a los elementos más brutales y perturbadores de la población reclusa, al tiempo que reduce la violencia en las prisiones estatales de California en general.
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El Servicio de Informática del Colegio de Abogados presta asistencia a los colegiados en cuestiones relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el uso del dominio de correo propio del Colegio, así como un programa gratuito para la gestión del despacho.
Se realizarán las comprobaciones oportunas para que los colegiados puedan utilizar su tarjeta ACA o su tarjeta colegial para realizar transacciones online y, en caso de no poder utilizarlas, se indicarán los pasos a seguir para solicitar una nueva tarjeta.
Se ofrecerá ayuda para la instalación/desinstalación del certificado digital estándar, para que los socios puedan gestionarlos en sus equipos informáticos. También se facilitarán las pautas de renovación del certificado normalizado.Además, se ofrecerá apoyo en los pasos a seguir para darse de alta como socio.
El servicio ofrecerá una guía completa para la gestión del correo electrónico de la Asociación: solicitud de nuevas cuentas, los pasos para su activación, ayuda para refrescar la contraseña o registrar la solicitud de cambio de contraseña, ayuda para la instalación del correo en dispositivos móviles, así como asesoramiento sobre el funcionamiento o problemas en el envío/recepción de correos electrónicos, ayudando a reconfigurar la cuenta.
Andrea Sloa – Vértigo [vídeo a capella]
Según establece el art. 619 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del CGPJ, que tiene por objeto la selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de la información judicial, así como la relativa a la legislación, jurisprudencia y doctrina.
Además, el Centro de Documentación Judicial se encarga de colaborar en la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficacia de la actividad de los Tribunales.
En el ámbito privado, ofrece a todos los miembros de la judicatura un notable valor añadido en materia de jurisprudencia, acceso a las publicaciones y a los expedientes, y respuesta a las consultas sobre documentos y jurisprudencia. Habilita y administra foros de debate, proporciona y gestiona el correo corporativo, facilita formularios en línea y muchas otras aplicaciones, al tiempo que proporciona formación sobre todas estas cuestiones, con el fin de servir de herramienta útil y eficaz para el trabajo diario de sus miembros.
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El “siempre excepcional” departamento de banca y finanzas de Hogan Lovells International LLP está dirigido por José Luis Vázquez y Alfredo Barona, que juntos han supervisado el crecimiento del departamento en tamaño y complejidad de su carga de trabajo desde 2017. Abarca toda la gama de asuntos, desde la financiación corporativa, de adquisiciones y apalancada, hasta la financiación de proyectos, inmobiliaria y de activos. El trabajo transfronterizo es un punto fuerte, gracias en parte a su amplia red internacional; en el ámbito nacional, las operaciones de financiación de SOCIMIs en España han sido una tendencia notable, con el abogado Alejandro González especialmente activo en ellas. Los asociados senior José Luis Pita de Veiga y Carlos Meijide también están bien considerados por los clientes.
Acostumbrado a trabajar en un entorno internacional, Hogan Lovells International LLP está bien versado en litigios nacionales y transfronterizos. El departamento ha sufrido importantes cambios, con la llegada del experto en litigios Gonzalo Ardila, procedente de Gómez-Acebo & Pombo, en enero de 2021, y la salida de Luis Alfonso Fernández en marzo de 2021. A pesar de los movimientos de socios, el bufete mantiene una práctica activa de resolución de conflictos, incluso en casos relacionados con los seguros, donde Ardila tiene una práctica activa. En otro acontecimiento significativo, Silvia Martínez fue ascendida a consejera en enero de 2021; está especializada en arbitraje comercial y de tratados de inversión. Jon Aurrekoetxea, que fue nombrado socio en enero de 2022 y que tiene una considerable experiencia en litigios comerciales, corporativos y de competencia, está bien considerado en el mercado, al igual que el abogado senior José Luis Huerta.
